domingo, 25 de septiembre de 2016

El agua como derecho humano




El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentó un anteproyecto de Ley General de Aguas a la Asamblea Legislativa en la que se reconoce que el agua es “un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes”. Sin embargo, la Comisión de Medio Ambiente no posee los votos suficientes para un dictamen favorable y por tanto, no puede proceder al Pleno de la Asamblea. El desacuerdo reside de manera particular del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

ARENA está a favor de los intereses de algunos representantes de la empresa privada, quienes argumentan que dicho proyecto de ley no es necesario porque ya se posee con un marco legal que permite la regulación del agua. Las premisas del argumento radican en las diferentes leyes existentes (Ley de ANDA, Ley de riego, Ley de CEL, Ley Medio Ambiente, entre otras) aunque no de manera holística. Por lo anterior, en El Salvador no se permite regular de manera integral este recurso como un bien público protegido frente a los intereses mercantiles. 

Otro elemento esencial por el cual ARENA está en desacuerdo con la Ley General de Aguas es el Consejo Nacional del Agua (CNA). El parlamento político define que debe de ser una institución de carácter autónomo con representación del sector público y privado. Sin embargo, la propuesta de ley sostiene que el CNA debe ser una entidad de carácter público y coordinado por el MARN. Este señalamiento es de gran relevancia debido a los conflictos de intereses sobre el uso productivo y el uso personal como derecho humano.



Si el CNA se define de manera autónoma con mayor representación privada, en un contexto de escasez hídrica, no se podrá cumplir con las obligaciones para reconocer el agua como un derecho humano. Por otro lado, se concederán permisos a las empresas sin importar las consecuencias de la sobreexplotación. Miguel Cartagena, representante de Alianza Ambiental de Provida dijo: “El Consejo Nacional de Agua se convierte en una estrategia esencial para la garantía de nuestro derecho al agua. De lo contrario, la Coca-Cola tendrá de manera permanente sus permisos en Nejapa”. 

Además de los esfuerzos de la sociedad civil, también se contó con ayuda internacional. La ONG española, Alianza por la Solidaridad y el Foro del Agua de El Salvador realizaron una campaña de concientización llamada TieRRRa que significa “Empresas Rentables pero Responsables con los Recursos” en España. La campaña obtuvo un impacto impresionante en el país europeo, con lo que se consiguió evitar que la empresa Coca-Cola realizará una ampliación a su planta en Nejapa.

Coca-Cola explota manto acuífero de Nejapa


El 90% de una Coca-Cola es agua, lo que la convierte en el ingrediente principal del refresco. Se consumen 1.88 litros de agua por cada litro que se produce de Coca-Cola, 1 litro se utiliza para la producción de la gaseosa y el restante 0.88 se emplea en la higiene y lavado de los envases, así como el proceso de envasado. En El Salvador, Coca-Cola se está acabando el ingrediente principal para ese país; el agua. 

En 1994, Industrias La Constancia S.A. de C.V. (ILC) trasladó una planta embotelladora de Coca-Cola al municipio de Nejapa, compuesto por 8 cantones y 43 caseríos, donde inició sus operaciones sin investigación de impacto ambiental alguno. El municipio se encuentra sobre un acuífero que forma parte de la cuenca del río San Antonio, que es la clave para el suministro doméstico del agua de 46% de la población de la capital, San Salvador.
La cuenca del río San Antonio produce 7,4 millones de metros cúbicos al año, de los cuales en el año 1996 la empresa ILC consiguió el permiso para explotar 2 millones de metros cúbicos al año. No obstante, mientras 700 familias de 13 comunidades del municipio no poseen suministro de agua, la empresa extrae 66,67 litros por segundo para producir Coca-Cola.
Desde 1999 hasta 2013 nadie en El Salvador sabía la cantidad exacta de extracción que la embotelladora Coca-Cola hacía del río San Antonio por la falta de normativa de regulación. De hecho, aún no existen instrumentos oficiales destinados a la vigilancia y seguimiento de las empresas por parte de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). No obstante, en el 2013 ILC solicitó un permiso de ampliación de planta.
La solicitud de dicho permiso implicó la petición del MARN por un estudio de impacto ambiental de la empresa. En febrero de 2013, ILC presentó el informe elaborado por J.R. Duarte, que aseguraba la reducción del 13% de la extracción total. Además el mismo documento señaló que Coca-Cola gastaba 1,2 millones de metros cúbicos al año cuando en el año 96 solicitaron el permiso de extraer 2 millones.
Estas incongruencias dieron lugar para que este estudio realizado por ILC fuera sometido a verificación. Este análisis se denominó “Revisión del componente Hidrológico en el Estudio de Impacto Ambiental de Industrias La Constancia EIA-ILC, Nejapa, San Salvador” realizado por el ingeniero Julio Quiñones. Los datos que se obtuvieron revelaron que en 32 años esta cuenca podría agotarse e integrándose los efectos del cambio climático sería en 27 años.  
Por las incoherencias señaladas en el informe presentado por la embotelladora se denunció que Coca-Cola pretendía sobreexplotar en un 200% el agua de recarga del acuífero San Antonio. Por ello, en Junio del 2015, la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl, otorgó moratoria de un año a la ampliación de ILC. 

Estas medidas se acordaron mediante el convenio entre la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y MARN, los cuales no permitieron el traslado y ampliación de la producción de agua envasada. “En junio del año pasado se firmó por primera vez un convenio entre ANDA y el MARN para que podamos pedir medidas de compensación ambiental.”, comentó la Directora Ejecutiva de ANDA, Beatriz Yarza.


Interes industrial vs derecho humano
 



En el mismo estudio realizado por Alianza por la Solidaridad de España y el Foro del Agua de El Salvador, reveló que empresas como ILC pagan 10 centavos de dólar el metro cúbico mensual mientras que la misma cantidad destinada para las viviendas costaría 50,685 dólares. Incluso, en algunos hogares se paga hasta 40 dólares al mes y hay zonas en donde no poseen el servicio de agua potable.


El cobro de la tarifa por el servicio de agua que pagan las empresas debería ser a manera de inversión para la protección y conservación de las cuencas que se exploten. Este pasado 3 de febrero se realizó un convenio entre ILC y ANDA en el cual se estipuló la realización de un proyecto que beneficiará a 296 familias del cantón Tutultepeque, las cuales no cuentan con el servicio de agua potable. 


Es por ello que el alcalde de Nejapa, Antonio Quijada dijo que existen irregularidades en el servicio. En algunos lugares las tarifas son de 7 dólares. Asimismo Ana Quijada, habitante de Tutultepeque, confirmó que se recibe agua de manera parcial una o dos veces al mes por parte de la empresa Sistema Municipal de Aguas Río San Antonio (SMARSA). En contraposición con las tarifas correspondientes para Coca-Cola. Es decir que según estos datos prevalece el interés industrial del agua sobre el uso doméstico como derecho humano.